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La Revista Agraria Nº 58 - Lima-Perú, setiembre 2004

Editorial:

Comunidades campesinas: 

Es necesario mirar a las comunidades campesinas como un activo para el desarrollo y no como un obstáculo. El primer obstáculo, en realidad, está constituido por los prejuicios adversos y profundamente arraigados -hacia las comunidades y los campesinos- de un importante sector de la población peruana, y no precisamente de los menos educados. La preocupante y casi histérica reacción anticampesina de un puñado de influyentes periodistas y empresarios ante la movilización de campesinos cajamarquinos contra las pretensiones de la empresa minera Yanacocha de explorar el cerro Quilish, sin respetar ni procedimientos ni a la propia población, es una preocupante muestra de la pervivencia de dichos prejuicios, y que las llamadas de atención de la Comisión de la Verdad, al parecer, no logran debilitar. La autocrítica del ministro de Energía y Minas, por haberla autorizado, hace aparecer a los mencionados periodistas como más papistas que el papa.

Pero otras potencialidades económicas de la sierra harán más urgente la eliminación de esos prejuicios si es que queremos que ellas sean aprovechadas para el desarrollo socioeconómico de esa vasta y empobrecida región y no sólo para el beneficio de un reducido número de inversionistas. Una de ellas es el potencial forestal. Es un hecho ya conocido que un área de alrededor de dos millones de hectáreas en la sierra son forestables con variedades demandadas por el mercado internacional para la elaboración de papel y otros productos. La mayoría de esas áreas pertenecen a las comunidades campesinas. Es preciso que se creen condiciones para que inversionistas y comunidades puedan llegar a acuerdos que hagan posible la formación de joint ventures y otras figuras asociativas que permitan el beneficio de todas las partes y que aseguren el cumplimiento de los acuerdos y contratos. Corresponde al Estado un papel imprescindible para la creación de esas condiciones de confianza y la realización de inversiones complementarias -carreteras, comunicación, etc.- que posibiliten tan atractiva posibilidad.

Diversos especialistas han dado a conocer que hay diez millones de hectáreas forestables adicionales, también para la industria maderera y papelera, en las áreas que fueron deforestadas en la selva alta. Estas áreas están ocupadas por colonos. Resulta necesario establecer las reglas de juego que permitan que estas potencialidades sean de provecho tanto para los inversionistas como para los colonos, y aquí también la intervención del Estado es imprescindible.

Es posible que grandes inversionistas, con el apoyo del Estado, actúen con la prepotencia que suele caracterizar a las empresas mineras. Pero la realidad está mostrando que ese camino termina siendo más costoso económica y socialmente, y obviamente es menos digno que el reconocer que los ocupantes del suelo son seres humanos con derechos que merecen ser reconocidos y respetados. Corresponde al Estado velar por que así sea.

También está el tema de las tierras eriazas de las comunidades campesinas -sobre todo, las de la costa-, que tienen importantes potencialidades si son irrigadas. Las presiones para arrebatar "legalmente" estas tierras, para ser entregadas a grandes inversionistas, son constantes.

Estas consideraciones vienen a propósito de que hay una comisión especial creada por la Ley 28150, que tiene el encargo de revisar la legislación sobre comunidades campesinas y nativas y presentar, en noviembre, una propuesta de nueva legislación a la Comisión de Amazonía y Asuntos Indígenas, la cual deberá discutirla y, si la aprueba, remitirla al pleno del Congreso. La propuesta merece una discusión amplia, y será una oportunidad para ir desterrando arraigados prejuicios que son verdaderos obstáculos para el desarrollo y la democracia.

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