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La Revista Agraria Nº 44 - Lima-Perú, abril 2003

Editorial:

Las marchas... ¿terminaron?

Los campesinos "cocaleros" - designados así aunque también producen otros cultivos- llegaron la semana pasada a Lima, luego de penosa marcha, para exigir ser atendidos por el presidente de la República; son parte de los llamados "pobres del Perú", objetivo primordial del Gobierno, por lo menos en el discurso. Debe reconocerse que personajes que no forman parte de esa mayoría, usando mecanismos de presión menos dramáticos pero eficaces, tienen preferente audiencia presidencial, incluso para propósitos poco transparentes.

¿Qué piden los campesinos cocaleros? Lo elemental: que la política del Gobierno y los programas de sustitución de cultivo de coca -llamados de "desarrollo alternativo"- en áreas no destinadas al consumo directo, les permitan mejorar su precaria situación económica, pues la coca cumple para ellos un importante papel; ningún campesino se vuelve rico con ella, pero es un cultivo económicamente más seguro que otros. Su reclamo refleja, otra vez, la falta de rentabilidad de la agricultura peruana -situación más grave en la selva- y las deficientes políticas sectoriales que dificultan incentivar el desarrollo agropecuario y defender la producción nacional.

Con la primacía del neoliberalismo, plantear políticas arancelarias para protegernos de los productos subsidiados en los países del Norte, o medidas para corregir las distorsiones que esos subsidios crean, es poco más que una falta grave, pues ponen en riesgo un conjunto de "acuerdos" con los Estados Unidos -desde el ATPDEA hasta los recursos comprometidos para la lucha contra el narcotráfico-, como lo plantea el pronunciamiento "La otra invasión", de Conveagro. Parte de esta lucha son los fallidos programas de sustitución, para cuyo éxito se requieren dos condiciones: primero, que el Gobierno garantice que otros cultivos les ofrezcan a estos campesinos, de manera sostenible, las mismas o mejores condiciones económicas que la coca, es decir, rentabilidad; y segundo, que el Gobierno y la cooperación internacional garanticen que los programas de sustitución se hagan con participación y acuerdo de las organizaciones campesinas, lo cual es válido además para la definición de políticas públicas, donde las organizaciones de los productores agrarios deben participar y sus planteamientos ser escuchados.

Si las exigencias de los campesinos son razonables y elementales, su satisfacción es harto complicada. Mencionaremos tan sólo algunas razones.
En primer lugar, porque el conjunto de dependencias y compromisos que tenemos con el Gobierno norteamericano hace que sea virtualmente imposible renegociar los términos de una política antidrogas que asume que todos los eslabones de la cadena de la producción de cocaína están conformados por delincuentes -incluidos los campesinos cocaleros- y, por tanto, la erradicación se ve más como un asunto policial que como una cuestión social y económica que afecta a decenas de miles de familias pobres -aquí debe señalarse que la incapacidad de la clase política peruana abona en nuestro limitado margen de acción.

En segundo lugar, porque dejar de sembrar coca significa para los narcotraficantes -no para los campesinos- perder un buen negocio, y para nadie es un secreto el poder que tiene el narcotráfico debido a su participación en la economía nacional y su influencia en instituciones públicas y privadas gracias a sobornos, blanqueos de dinero, etc.

En tercer lugar, porque la clase política del país se aleja cada vez más de los intereses y preocupaciones de la mayoría de la población -incluidos, claro está, los campesinos cocaleros-; cada vez tienen menos capacidad de representar y canalizar esos intereses, por lo que sectores crecientes de la población sólo pueden hacerse escuchar mediante manifestaciones y marchas. Ni el Congreso ni los partidos políticos han mostrado interés genuino en enfrentar con sabiduría y coraje el tema de la producción de coca y del drama de los campesinos cocaleros.

En cuarto lugar, porque las regiones cocaleras siguen siendo vistas por el Gobierno central y la opinión pública urbana como rincones distantes del país, que pueden ser relativamente ignoradas sin incomodar demasiado el mundillo político y económico limeño; sólo la presencia física de miles de productores en la capital, luego de dolorosa y disciplinada marcha, los hacen salir un poco de su letargo. Los acuerdos hoy logrados entre el Gobierno y los representantes de los "cocaleros", son señales positivas y ojalá se cumplan a cabalidad.

Es indispensable que el Ejecutivo, el Legislativo y los partidos políticos comprendan que de la producción agraria en general, y de coca en particular, viven y sobreviven millones de personas que merecen y tienen todo el derecho a un destino mejor; y que esta mejoría depende en buena medida de decisiones políticas bien orientadas que permitan la rentabilidad del sector. Si esto no se comprende, habrá que prepararse para las marchas de arroceros, algodoneros, cafetaleros, alpaqueros, comuneros y demás productores del país.

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