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La Revista Agraria Nº 43 - Lima-Perú, febrero 2003

Coyuntura:

Siguen en agenda
Los impuestos del agro

Finalmente, el Congreso aprobó prorrogar la exoneración del pago del IGV y del impuesto a la promoción municipal a los productores agropecuarios con ventas anuales que no superen las 50 UIT (S/.155 mil), cuya vigencia caducó el pasado 31 de diciembre. Debido al atraso en el tratamiento de este tema, el Congreso excluyó de esta prórroga al impuesto a la renta, por tratarse de un tributo de perio-dicidad anual.

Por esta razón no acaba la incertidumbre de los agricultores, particularmente de los cultivadores de arroz cáscara, maíz ama-rillo duro y caña de azúcar, a quienes si comercializan su producción en forma procesada, no les alcanza el beneficio de la exoneración establecida en el Apéndice I de la Ley General del IGV.

El economista Luis Ortiz, de ASPA, señala que al excluirse la exoneración del impuesto a la renta, los agricultores estarán obligados, según la legislación vigente, a optar por alguno de los tres regímenes existentes: el simplificado (RUS), el especial (RER) o el general (RUC). Cualquiera de estas opciones obliga a los contribuyentes a cumplir con exigencias formales de pago, a declaraciones mensuales y a llevar contabilidad. Todo ello supone complicados trámites y costos que difícilmente pueden ser atendidos por los pequeños agricultores. “En la práctica, cualquiera de estos sistemas induce a que los agricultores se mantengan en la informalidad”, señala Ortiz.

Frente a esta situación, la Convención Nacional del Agro (CONVEAGRO) estudia la propuesta de sugerir la emisión de un decreto de urgencia que, por excepción durante el 2003, declare inafecto al impuesto a la renta al pequeño agricultor que no venda más de 50 UIT al año. La propuesta considera, además de la propia incapacidad de la SUNAT para formalizar a cerca del 85% de los pequeños agricultores, la necesidad de analizar con seriedad cuál es o debe ser el régimen tributario adecuado y justo para la compleja realidad económica y social del sector agrario nacional.

Por otro lado, aún cabe la posibilidad de que el Ejecutivo observe la ley aprobada por el Congreso, toda vez que el MEF cuestiona estas exoneraciones y aboga por su eliminación. En ese caso tendría que presentarse una alternativa realista. Sobre la mesa hay dos propuestas presentadas: la de los gremios agrarios agrupados en CONVEAGRO, que plantea establecer un impuesto único de 3% a ser aplicado gradualmente, y la del Ministerio de Agricultura, que propone la tasa de 6% por concepto de IGV para el arroz, la caña de azúcar y el maíz amari-llo duro, manteniendo temporalmente la exoneración para el resto de productos agropecuarios. Hasta el momento el MEF no se ha pronunciado, y ya está corriendo el plazo de 180 días que tiene para presentar una propuesta de reforma tributaria, según lo aprobado a fines del año pasado por el Congreso. 

 

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